SANTO DOMINGO.-El desarme general de la población ayudaría a que se reduzcan considerablemente los hechos violentos en el país, coincidieron en señalar especialistas, quienes destacan que en la mayoría de los casos de muertes violentas, la víctima o el victimario estaba armado.
El politólogo Daniel Pou, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, y el psiquiatra Carlos de los Ángeles, consideraron como alarmante el número de personas que día a día mueren a consecuencia de heridas de armas de fuego.
“Hay que implementar una política de desarme…Hay un vínculo bastante directo entre la utilización de armas y el incremento de la violencia”, subrayó Pou, “el 64% de las personas que mueren de forma violenta en República Dominicana, fallecen siendo víctimas de armas de fuego”.
Para el psicólogo Luís Bergés, la relación entre las armas de fuego y el incremento de la violencia se debe a que éstas profundizan la asimetría del poder, “cuando hay un arma de fuego presente, la persona que la tiene se cree más empoderado, entonces eso le aumenta la percepción de dominio y sometimiento sobre la otra persona”.
Según las estadísticas, en junio 47 personas murieron a consecuencia de heridas de armas de fuego. Mientras que en mayo murieron 41.
Demasiadas armas
El psiquiatra De los Ángeles plantea que en el país inicie el control de las armas de fuego tanto en manos de los civiles como en los militares.
“No puede ser que en República Dominicana hayan 207 mil armas registradas y 230 mil más en manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además a esa cifra hay que agregarle el tráfico ilícito de armas, eso da una cantidad de alrededor de 600 mil armas”, dijo el psiquiatra.
Señaló que la percepción de inseguridad predispone a la adquisición de un arma de fuego como mecanismo de autoprotección, pero, subrayó, lo que la mayoría de las personas no sabe es que al portar un arma potencializa su papel de víctima.
Evaluación es simplista
Asimismo, dijo que el porte y tenencia de arma de fuego en el país no está concebido bajo una real visión de lo que es el proceso de la ciudadanización de la seguridad.
“Los requisitos que se exigen no son adecuados, son plenas formalidades que no transcienden más que trámites administrativos”, puntualizó De los Ángeles.
En este mismo sentido, Bergés indicó que es muy simplista la evaluación psiquiátrica a la que son sometidas las personas para poder portar armas, “lo único que te va a decir (la evaluación) es si la persona tiene problemas mentales, pero eso parte de un falso supuesto, primero porque la mayor parte de las personas que están asesinando no lo hacen porque tienen un problema mental, sino por un asunto de sometimiento , un asunto de poder, como una reacción de rabia o como parte del crimen organizado, y a éstos no se les puede llamar enfermos mentales”.
De su lado, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que el porte y tenencia de armas de fuego debe de dejar de ser un problema con criterio fiscalista.
“No se trata de recoger impuesto y devolver favores clientelistas a los que hoy disfrutan en el poder, porque si eso no cambia vamos a seguir en este mismo panorama de violencia”, indicó.
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