La República Dominicana no cuenta con un plan integral para ayudar a personas atacadas con este tipo de producto, a pesar de que su empleo para acciones delictivas se expande como una epidemia. El uso inadecuado del ácido en el país ha conllevado penas de hasta 30 años de prisión, la máxima en la nación caribeña.
República Dominicana.-Las profundas marcas en sus rostros, en sus cuellos o en sus manos no dejan a nadie indiferente. Son dominicanas atacadas con ácido por ex parejas, pretendientes o rivales que no sólo les han causado laceraciones físicas de por vida, sino que a muchas de ellas las han obligado a una especie de ostracismo para ocultar sus estigmas y evitar así miradas inquisidoras.
Cauris Calcaño, dominicana de 21 años, es una de las decenas de víctimas desfiguradas por el "ácido del diablo", como popularmente se conoce en la República Dominicana a este producto que se utiliza regularmente para desatascar tuberías, pero también como arma letal para agredir a personas, en especial mujeres.
El 8 de marzo de este año, cuando el mundo celebraba el Día Internacional de la Mujer, Cauris sentía en carne viva los efectos del ácido, cuya venta al público está prohibida en el país caribeño, aunque se sigue comercializando de manera exclusiva para procesos industriales o para empresas de servicios.
Su ex marido, de 30 años, le provocó supuestamente quemaduras en el rostro y en la cabeza, y le derritió buena parte de la espalda al rociarle aquel día "ácido del diablo", después de que se negara a retomar una relación de tres años que terminó por las constantes agresiones físicas y verbales que recibía de su compañero, a quien se unió tras cuatro años de noviazgo, relata la mujer a Efe-Reportajes.
Ese día, la joven estaba sentada junto a su madre y unos niños en la galería de su casa paterna en el municipio de Sánchez, en la turística provincia de Samaná (245 kilómetros al noreste dominicano) cuando su agresor llegó por sorpresa y, sin mediar palabra, le lanzó un recipiente con este químico.
Todo fue por celos, unos celos "enfermizos" que aumentaron cuando Cauris se matriculó en la Universidad para estudiar Educación Inicial, carrera que continuará a pesar de todo. "Tengo que seguir para adelante", asegura.
Cauris Calcaño explica que "nunca" antes había escuchado hablar del popular ácido, aunque temía que su ex marido le hiciera lo peor. De hecho, ya se lo había advertido. Un día le dijo que le haría algo "que los mismos perros" le "tendrían asco", comenta la mujer, que trata de reponerse psicológicamente de este drama.
La joven recibe ahora asesoría legal por parte del Ministerio de la Mujer que, en parte, trata de remediar la falta de intervención del sistema judicial local, que no actuó cuando la mujer se querelló contra su agresor el 28 de febrero, nueve días antes del suceso.
"Si el fiscal hubiera hecho algo cuando fui a denunciarlo, él no me hubiera agredido, porque estaría en ese momento preso", lamenta.
Este caso es similar al de Leoncia Valdez, de 26 años, cuyo ex marido y padre de su hija de cinco años le desfiguró el rostro con ácido tras amenazarla varias veces con matarla, porque también se resistía a regresar con él tras años de agresión física.
Sentada en los pasillos del Hospital Docente Padre Billini, en Santo Domingo, a la espera de una nueva intervención quirúrgica en una jornada gratuita de cirugía por parte de médicos locales y estadounidenses, Leoncia narra a Efe-Reportajes el drama que vive por la situación, acentuada por sus limitados recursos económicos.
"Esto no es normal...La gente no me trata igual", confiesa la mujer que, a diferencia de Cauris Calcaño, no ha recibido ningún tipo de ayuda o asesoría estatal.
Tampoco la ha recibido Katy de la Cruz, quien, al igual que Valdez, espera en los pasillos del mismo centro médico otra intervención, esta vez para tratar de salvar la visión en uno de sus ojos, severamente afectado por la sustancia que le lanzó la madre, una hermana y una tía de una "rival" de su hija.
De la Cruz lo ha perdido todo tratando de mejorar el dramático aspecto de su rostro, y, para colmo, su marido la abandonó tras el incidente. "Sólo me conformo con llorar", expresa la mujer, quien asegura haber buscando ayuda "por todo los sitios", pero que los resultados han sido infructuosos. Sus agresoras fueron apresadas, pero salieron de prisión poco después, tras el pago de una fianza.
Esther Jiménez, de 28 años, es otra dominicana marcada por el ácido y, al igual que Katy lo ha perdido todo tratando de remediar su desfigurado aspecto físico. Esta mujer, madre de tres niños, perdió la nariz, un ojo y parte de la boca tras ser rociada con ácido por un desconocido la noche del 27 de julio de 2011.
Jiménez se encontraba aquella fatídica noche en su lugar de trabajo, una cafetería en la localidad de Palmarito, en el norteño municipio de Bonao (a 85 kilómetros de la capital dominicana) cuando un hombre sin identificar se presentó al lugar y sin mediar palabra le lanzó el producto, que le desfiguró completamente el rostro.
Hoy, tras seis operaciones, postrada en su cama y sin ningún tipo de ayuda, la mujer ha decidido ponerse "en manos de Dios" porque ya no sabe "qué más hacer" y los médicos de la capital, adonde se traslada tres veces a la semana, le dan pocas esperanzas.
La única ayuda que ha recibido Jiménez es la piel para los injertos que donó el Despacho de la Primera Dama del país.
Y es que la República Dominicana no cuenta con un plan integral para ayudar a personas atacadas con este tipo de producto, a pesar de que su empleo para acciones delictivas se expande como una epidemia. El uso inadecuado del ácido en el país ha conllevado penas de hasta 30 años de prisión, la máxima en la nación caribeña.
En el país tampoco hay cifras exactas del número de personas quemadas por ácido, pero los hospitales registran miles de cifras en los últimos años, según reportes de medios locales.
Esto se explica porque muchas de las víctimas, en particular mujeres, no denuncian sus casos, especialmente por temor a ser atacadas nuevamente por sus agresores, explica a Efe-Reportajes Natividad López, encargada del Departamento de Previsión de la Violencia del Ministerio de la Mujer.
No obstante, también reconoce que sostener "dignamente" a una persona quemada por ácido tiene un precio alto. "El costo de la salud es muy elevado para que el Estado lo pueda llevar con todo lo que ello implica", apostilla López.
Para la especialista, la quema por este tipo de sustancia, que ella tilda de "desgracia", se traduce "en una muerte emocional" que, admite, condena a la víctima "a una tortura permanente".
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